La abogada de los autoconvocados Yonarqui Martínez pidió que todos los juicios en contra de los presos políticos tengan un “sobreseimiento definitivo” por las “ tantas atrocidades” que ha cometido el Estado.

Martínez lleva setenta casos de presos políticos, de los cuales treinta han sido excarcelados. Sin embargo, ella cree que para que no haya una “subsanación y repetición” de los casos, se debería exigir un sobreseimiento y no una nulidad.

“Yo considero que se debería de pedir no la nulidad, porque trae la subsanación y repetición, ellos te pueden volver a acusar, sino un sobreseimiento definitivo por tanta atrocidades porque hay un sinnúmero de delitos que son inventados”, expresó.

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La defensora de los derechos humanos compartió en su cuenta de Twitter que en setenta expedientes de presos políticos contabilizó 462 testigos falsos de 13 departamentos del país, 350 policías y funcionarios, 112 miembros de CPC, diez vehículos destruidos, una casa quemada, noventa celulares, 12 laptops sin entregar, 42 USB y noventa cédulas perdidas.

“Daño enorme”, se refirió Martínez sobre ello.

Sin incluir la cantidad de dinero sustraído que jamás le entregaron al detenido las@comidas que nunca les pasaron y se las quedaban los compañeros policías. Bueno no@terminaría de mencionar las violaciones a las que@fueron expuestos https://t.co/6MjyBJWsXo

— Yonarqui Martinez (@YonarquiM) 29 de abril de 2019

Ejemplos de casos

La publicación de Martínez solo refuerza la denuncia de los demás defensores de los presos políticos sobre las arbitrariedades de los casos y la falta de pruebas.

Como ejemplo, la abogada mencionó dos casos que le llamaron “fuertemente la atención”, tal es el caso de los líderes estudiantiles de León y el caso CUUN. “El caso CUUN tiene extraordinariamente más de setenta testigos y los líderes de León tienen dos expedientes y en los dos hay más de 120 testigos”, reveló Martínez.

Al respecto, la abogada defensora dijo que la “falta de objetividad en el Ministerio Público” hace que se presenten testigos “amañados” con testimonios “dirigidos”.

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“El requisito que concierne a un testigo es que tiene que ser un testigo presencial y no de oídas, que no esté amañado (pero) evidentemente ya están dirigidos, el testimonio de ellos está dirigido”, señaló.
Martínez explicó que los testigos una vez que declaran en el juicio deben estar apartados del resto; sin embargo, permanecen en la misma sala intercambiando comentarios. En otras ocasiones, la misma Fiscalía les dice qué es lo que les van a preguntar.

“Los testigos no cumplen con los requisitos. Son testigos que ya van trabajados”, subrayó.

Casos ridículos

La abogada Yonarqui Martínez mencionó algunos casos “ridículos” que ilustra este tema: el caso de Dilon Ramos, Steven Espinoza y Yubrank Suazo. En el caso de Ramos, los dos testigos que lo acusaron no llevaron cédula de identidad y fueron considerados “testigos idóneos” por la Fiscalía.

Por su parte, en el juicio de Suazo, una de los testigos fue su prima, que es policía y estuvo acuartelada en la estación policial de Masaya. Los testigos del juicio en contra de Steven Espinoza fueron en su mayoría policías y trabajadores de la Alcaldía. Martínez añadió que los testigos del juicio en contra de Byron Estrada, Christopher Nahiroby Olivas y Víctor Obando la mayoría fueron policías, JS y parapolicías.

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