En Honduras, uno de esos errores demasiados frecuentes del Parlamento derivó esta semana en manifestaciones violentas en varias ciudades que dejaron detenidos, heridos y daños a la propiedad pública y privada.

Las protestas del lunes y martes a nivel nacional, las más violentas en Tegucigalpa, obedecieron al rechazo de dos decretos asociados a una Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación aprobada por el Parlamento la semana pasada.

Los detractores de los decretos no solo son los maestros y médicos si no también la oposición política que acusa a Juan Orlando Hernández de “dictador” y de haberse reelegido como presidente en 2017 mediante un “fraude”.

Alegan que lo que se pretende con la polémica ley es privatizar la educación y la salud, y el despido de muchos empleados de los dos sectores.

Los decretos fueron aprobados a matacaballo y en medio de un zafarrancho entre diputados del gobernante Partido Nacional y el Libertad y Refundación (Libre), primera fuerza de oposición, en una sesión que, si la vieran in situ los niños de escuelas con los que todos los años en septiembre instalan un Congreso Infantil, quizá se avergonzarían de la clase política que tiene el país.

Lo aprobado por los diputados del Partido Nacional, con el apoyo de otros minoritarios y el rechazo de las principales fuerzas de oposición, encendió la mecha de las manifestaciones violentas del lunes y martes, principalmente en el centro histórico de la capital, a pocos metros de la sede del Parlamento.

Además de los lesionados, detenidos y daños a al menos cuatro edificios, entre ellos dos de la Alcaldía Municipal y uno de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, lo que más hubo fueron llamas y grandes columnas de humo tóxico negro por las neumáticos que quemaron los manifestantes.

También hubo centenares de piedras que manifestantes lanzaban a los policías y gas lacrimógeno disparado indiscriminadamente por las fuerzas del orden afectando a muchas personas, entre ellos niños.

Como para echarle más combustible al fuego, entre agentes de la Policía Municipal y de la Nacional, aparecieron dos individuos con pistola en mano, uno de ellos de civil -de la Alcaldía- persiguiendo con sus compañeros uniformados a manifestantes a pocos metros del Parlamento. Ambos fueron identificados por sus autoridades.

La reiterada negación por parte del presidente, de ministros y de diputados del titular del Parlamento de la versión de que se pretenda privatizar la educación y la salud, y que vengan despidos masivos no evitó las protestas.

Los organizadores de las manifestaciones anunciaron que serían pacíficas, lo que en efecto se pudo observar durante un largo trayecto de las marchas en Tegucigalpa y otras ciudades.

Pero en la capital, las batallas campales se dieron cuando grupos de jóvenes, muchos de ellos con el rostro cubierto, que incendiaban neumáticos a pocos metros de los cordones de seguridad de la Policía Nacional, vieron que se pretendía, con rigurosos cordones de seguridad, impedirle llegar hasta la sede del Parlamento.

El martes, al ver que los manifestantes seguían violentos, el presidente del Parlamento convocó a una sesión en la que por la tarde se aprobó, con 119 votos de los 128 diputados que integran el Legislativo, la suspensión y archivo de los decretos que han llevado de nuevo a la convulsión social a los hondureños.

La sesión, con un punto único a discutir y aprobar, duró pocos minutos, pero eso tampoco puso fin a las protestas, en las que también ha habido vandalismo por una decisión aprobada que no fue consensuada antes con las bancadas de todos los partidos.

De nuevo la clase política de Honduras ha evidenciado la falta de líderes, de estadistas que lleven al país por caminos de bienestar.

Honduras sigue teniendo políticos que son capaces de crear crisis sociales, como la de esta de semana, la de noviembre de 2017 luego de las elecciones generales y la del golpe de Estado de 2009 al entonces presidente del país, Manuel Zelaya, cuando promovía reformas que la ley le impedía, pero no de resolverlas.

Esa misma clase política, con la que el país retorno a la democracia en 1980, después de 40 años no ha sido capaz de resolver graves problemas como la pobreza, ni mejorado, como lo demanda el país, los sistemas de educación y salud.